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ONU-Habitat estima que al menos 38.4 % de la población de México habita en una vivienda no adecuada; es decir, en condiciones de hacinamiento, o hecha sin materiales duraderos, o que carece de servicios mejorados de agua y saneamiento.

ONU-Habitat México

Abril, 2019


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Esta estimación podría ser mucho mayor si se considera la ubicación de la vivienda en áreas de riesgo y la ausencia de seguridad en la tenencia de la tierra como factores de precariedad y vulnerabilidad, así como el número de personas que habitan en desarrollos de vivienda alejados de las áreas urbanas consolidadas, donde las fuentes de empleo y los servicios públicos de buena calidad son insuficientes, y aquellos que residen en viviendas que no están adaptadas a las condiciones climáticas, a sus necesidades físicas o a su identidad cultural.

 

Los retos del sector vivienda en México

En las últimas dos décadas, México impulsó un modelo de financiamiento y subsidio habitacional que logró la construcción de más de 9 millones de viviendas nuevas con el objetivo de abatir el rezago habitacional histórico del país; sin embargo, permanecen todavía significativos retos de inclusión social, crecimiento económico, protección ambiental y coordinación interinstitucional relacionados con el sector de la vivienda:

  • Inadecuada localización de la vivienda económica y no asequibilidad de la vivienda intraurbana para todos.
  • Prevalencia del rezago habitacional entre grupos vulnerables y no correspondencia entre las soluciones habitacionales predominantes y las características del rezago.
  • Inexistencia de una política nacional de vivienda social en renta, en detrimento de soluciones de vivienda para grupos vulnerables.
  • Ausencia de acciones para la regeneración y consolidación de los tejidos urbanos existentes, particularmente de asentamientos precarios.
  • Severos impactos ambientales generados por la acelerada expansión urbana de las ciudades sobre suelos agrícolas y de alto valor ambiental, situación que incrementa la exposición y vulnerabilidad ante desastres climáticos.
  • Consumo ineficiente de recursos durante todo el ciclo de vida de la vivienda, situación que genera elevadas emisiones de GEI arrojadas a la atmósfera.

Enfrentando los retos

Para afrontar estos retos, ONU-Habitat plantea seis orientaciones estratégicas, 16 propuestas y 49 líneas de acción específicas para colocar a la vivienda como un sector crucial en las acciones nacionales para cumplir con la Agenda 2030, desde una perspectiva que coloca a las personas y los derechos humanos en el primer plano de las políticas de desarrollo urbano sostenible, a fin de no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás.


1. Impulsar la vivienda social intraurbana

Reducir la especulación del suelo intraurbano para vivienda social mediante la implementación de esquemas fiscales al suelo ocioso e instrumentos de gestión. Conoce más.


2. Favorecer el acceso de los grupos vulnerables a la vivienda adecuada

Adaptar el financiamiento de soluciones habitacionales a las necesidades específicas de la población. Conoce más.


3. Fomentar la vivienda social en renta

Incrementar la capacidad de pago de la población de bajo ingreso para solventar el pago de renta de una vivienda adecuada, a partir de subsidios directos y la construcción de un parque público de vivienda para renta social. Conoce más.


4. Intervenir el tejido urbano deficitario

Generar una estrategia interinstitucional para intervenir grandes conjuntos habitacionales periféricos y mejorar los servicios públicos en asentamientos precarios. Conoce más.


5. Reducir el impacto ambiental de la vivienda e incrementar su resiliencia

Reducir la vulnerabilidad física del parque habitacional ante riesgos naturales y climáticos. Conoce más.


6. Optimizar el ciclo de vida de la vivienda

Fortalecer el marco institucional para impulsar la transición de la industria de la construcción y de vivienda hacia la economía circular. Conoce más.


En conjunto, estas propuestas y líneas de acción están orientadas a impulsar que el sector de la vivienda en México sea un elemento central de las acciones nacionales para cumplir con los compromisos internacionales sobre desarrollo sostenible, mitigación de emisiones contaminantes, adaptación y reducción de riesgos ante el cambio climático, en un marco de alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y de plena garantía de los derechos humanos de todas las personas.


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